El juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni dijo que la dictadura militar en 1976 impulsó la baja de la edad de imputabilidad y tuvo que dar marcha atrás. Pidió que en un año electoral no se trate este tema y se deje el Código Penal "en paz".
Buenos Aires.- En diálogo con Télam en su despacho, el miembro del máximo tribunal y más prestigioso penalista del país se refirió a la discusión sobre la ley Penal Juvenil y consideró que "sería conveniente que los políticos discutan algunas cosas importantes, por ejemplo cómo se va a mejorar el problema de las jubilaciones, de la salud, el eterno problema entre los hospitales de Capital y el Gran Buenos Aires, el tema de la cuenca del Riachuelo, cómo mejorar el sistema de educación. En fin, sería conveniente que discutan esas cuestiones y no ir tras cosas que les marca la agenda mediática".
Sobre los menores, Zaffaroni dijo: "No tenemos en el país un serio problema de criminalidad violenta de adolescentes entre los 14 y los 16 años y a partir de los 16 hay responsabilidad penal plena. La delincuencia es siempre joven, pero en la franja etárea de los 16 y los 18 años para arriba. Entre los 14 y 16 tenemos muy pocos casos de homicidio, de modo que llevar eso al centro de la discusión política y postergar todo lo otro es el juego de la avestruz directamente".
"Creo que este año sería conveniente no tratar ningún tema penal, dejen el Código Penal y la ley Juvenil en paz y lo discutimos después de las elecciones. No creo que sea el marco para discutir esto porque todo se confunde con una obtención de votos y una agenda que la están marcando los medios de comunicación. Lo que le interesa a la gente son los temas que marqué antes. Ya sé que a la familia que le toque es un dolor, sin lugar a dudas, pero son diez o quince homicidios por año dentro de un universo de 1.900", informó.
- ¿Cuál sería la distinción entre la ley Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad?
La pretensión de bajar la llamada imputabilidad es meter a los niños y a los adolescentes en el mismo Código Penal con las mismas penas que los adultos. Lo hizo la dictadura militar en 1976 y en 1980 tuvo que dar marcha atrás porque nadie puede alterar la naturaleza de las cosas. La ley Penal Juvenil es adecuar nuestra legislación a las garantías que exige la convención internacional, que el juez tenga que imponer una medida después de un proceso, como un adulto.
- ¿Usted dijo que los adolescentes no son inimputables pero sí tienen menor grado de culpabilidad?
Si a los 15 años en el Colegio Nacional le tiraba un tizazo a un compañero, me ponían amonestaciones. Si ahora en el Consejo de la Facultad le tiro un tizazo al decano, llaman a mi familia y me llevan al psiquiátrico porque se supone que tengo una madurez emocional distinta a esta altura de mi vida. Y conforme a eso el reproche que se me puede formular es distinto.
- ¿Por qué algunos sectores tienden a culpar a los menores?
Porque no se puede fabricar otro enemigo que resulte más peligroso o más idóneo para asumir el papel de chivo expiatorio de todo lo que está pasando en una sociedad. Se elige a alguien que se puede identificar con la delincuencia común. No tenemos terrorismo ni problemas graves de crimen organizado, entonces se identifica a los adolescentes de los barrios precarios, pero eso sucede en toda América Latina. Esta es una política que nos baja de Estados Unidos.
- ¿Qué modificaciones debe haber en la justicia para dejar de lado la ideología tutelar?
La ideología tutelar aparentemente es muy humanitaria pero en el fondo es muy peligrosa y muy autoritaria. A todos los que tutelaron les fue muy mal, los indios, las mujeres.
Sin disputar votos, lo que hay que tratar es que no dejar a los chicos de 16 años en manos de lo que un juez quiera hacerle. Si se le imputa un hecho, hay que probarlo con garantía de defensa, las mismas que pueda tener cada uno de nosotros y la consecuencia de lo que haya hecho tiene que guardar cierta proporcionalidad con la magnitud de lo que hizo porque sino estamos criminalizando a un pibe que se robó una milanesa.
- ¿Tendría que haber una diferencia entre las penas aplicadas a los adultos y a los menores?
El grado de madurez es distinto. Desde los 16 a los 18 ya hay una atenuación, hay un tercio de pena menos, que no es mucho, pero existe. De los 14 para abajo tiene que haber un sistema totalmente diferente según la gravedad del hecho.
- ¿Qué medida alternativa propone a los institutos de menores?
En algún supuesto muy grave se puede llegar a la institucionalización, pero son excepcionales, no podemos generalizar eso. En definitiva, tampoco sirven las prisiones, si quiero enseñarle a alguien a vivir en libertad no lo voy a encerrar porque es contradictorio. Con los adolescentes hay que hacer el menor uso de la institucionalización y en cambio, someterlo a medidas alternativas, en la familia, en familias sustitutas, controlarlo en libertad.
- ¿Qué tiene que hacer la Argentina para salir de la situación en que está en la CIDH por las condenas a reclusión perpetua de menores?
En la Corte establecimos la jurisprudencia de que imponerle al adolescente de entre 16 y 18 la misma pena que al adulto no es válida. En casos leves, no imponer pena, y en los de gravedad la del adulto reducirla a la escala de la tentativa. Estas sentencias provienen de años anteriores a la actual integración de la Corte y supongo que la CIDH nos va a decir que modifiquemos las sentencias y las tendremos que modificar en base a la legislación vigente.
